Tauromaquia sin violencia: el rediseño jurídico del espectáculo en México

La reforma aprobada en la Ciudad de México en marzo de 2025 no prohibió la tauromaquia en su totalidad, pero sí alteró sus elementos esenciales. A partir de este cambio, los espectáculos de toros solo pueden realizarse sin causar lesiones ni la muerte del animal, lo que implica la prohibición de instrumentos tradicionales como la puya, las banderillas, el estoque y el rejón, así como la obligación de devolver al toro vivo a la ganadería o a su propietario.

Este rediseño no es meramente reglamentario. Supone una transformación estructural del espectáculo y desplaza el eje del debate jurídico: de la discusión sobre su prohibición hacia la delimitación de los alcances del derecho a la cultura frente a nuevas obligaciones constitucionales en materia de protección animal.

El nuevo parámetro constitucional

El análisis debe partir de un cambio reciente en el orden constitucional mexicano: la incorporación de la prohibición del maltrato animal en la Constitución federal. Este mandato se suma a lo ya previsto en la Constitución de la Ciudad de México, que desde 2017 reconoce a los animales como seres sintientes y ordena establecer medidas de protección en espectáculos públicos.

La consecuencia jurídica es clara: el derecho a la cultura —también reconocido constitucionalmente— ya no puede interpretarse de forma aislada, sino en coexistencia con otros bienes constitucionales, particularmente la protección animal y el medio ambiente.

Derechos culturales: alcance y límites

El derecho mexicano reconoce el acceso y la participación en la vida cultural, así como la protección del patrimonio cultural. Sin embargo, en las fuentes normativas vigentes no se identifica un derecho subjetivo a preservar intactos todos los elementos históricos de una práctica cultural, especialmente cuando estos implican afectaciones a otros bienes constitucionales.

En este contexto, la pregunta jurídica relevante no es si la tauromaquia es una manifestación cultural, sino si su forma tradicional —con lesión y muerte del animal— constituye un contenido constitucionalmente protegido de manera absoluta.

La evidencia normativa apunta en sentido contrario: no existe reconocimiento expreso de un derecho a realizar corridas con violencia, mientras que sí existe una tendencia normativa a restringir prácticas que impliquen maltrato animal.^[1]

Competencias y límites del reconocimiento cultural

Un elemento adicional es el alcance de las competencias en materia cultural. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en 2022 que una entidad federativa no puede declarar por sí sola al espectáculo de los toros como patrimonio cultural inmaterial cuando la materia trasciende el interés local.

Este criterio limita la posibilidad de blindar la práctica taurina mediante declaratorias locales y refuerza la dimensión nacional del debate, especialmente en lo relativo a la ponderación entre cultura y protección animal.

El contraste con el modelo español

La diferencia con España es relevante. En ese país, la Ley 18/2013 reconoce la tauromaquia como patrimonio cultural y establece una obligación estatal de protección y promoción, lo que ha sido respaldado por el Tribunal Constitucional.

México, en cambio, no cuenta con una ley federal equivalente. Esta ausencia normativa permite mayor flexibilidad para que el legislador local redefina el espectáculo desde una lógica de protección animal, sin enfrentar un blindaje cultural de alcance nacional comparable al español.

Implicaciones jurídicas del nuevo modelo

La creación del “espectáculo taurino sin violencia” plantea un escenario jurídico inédito. Por un lado, preserva ciertos elementos formales de la tradición; por otro, elimina aquellos que históricamente han definido la lidia.

Esto genera tensiones prácticas y jurídicas: desde la viabilidad económica del sector hasta la necesidad de desarrollar mecanismos reglamentarios que aseguren el cumplimiento efectivo de la prohibición de violencia.

Además, la reforma desplaza el debate hacia una cuestión más compleja: no si la tauromaquia debe existir, sino bajo qué condiciones puede subsistir dentro de un marco constitucional que ahora reconoce expresamente la protección animal.

Un debate que cambia de eje

La discusión sobre la tauromaquia en México ya no puede plantearse únicamente en términos de tradición frente a prohibición. El rediseño normativo obliga a analizar cómo se articulan los derechos culturales con otros mandatos constitucionales, particularmente aquellos que imponen límites a prácticas que impliquen maltrato animal.

En este nuevo escenario, la tauromaquia sin violencia no es solo una alternativa regulatoria, sino el punto de partida de una redefinición más amplia sobre el alcance jurídico de la cultura en un contexto de transformación social y constitucional.

Fuente: Nota original de Conciencia Jurídica