Hace un año entró en vigor la reforma a la Ley de Amparo. Se dijo que era el fin de la suspensión, que el interés legítimo moría, que el amparo dejaba de proteger. Doce meses después, el balance que importa no es el legislativo sino el judicial — y los expedientes cuentan una historia menos nítida que la polémica: una Corte que negó la suspensión contra un bloqueo de cuentas aplicando el nuevo artículo 129 y, en la misma temporada, reconoció interés para suspender la penalización del aborto; tribunales que leen el catálogo de restricciones como ponderación y no como veto; y tres respuestas distintas a la misma pregunta sobre los asuntos en trámite. El amparo se angostó. No se cerró. Y la diferencia la está poniendo quien litiga.

La nueva Suprema Corte cumplió su primer año y el país se repartió en dos balances políticos: claudicación de un lado, eficiencia histórica del otro. Esta revista propone un ejercicio distinto — leer lo que el Pleno efectivamente resolvió y mirar cómo lo resolvió. Cuatro decisiones de cuatro materias dibujan una doctrina más coherente de lo que ambas trincheras admiten. Pero el mismo año deja a la vista dos problemas que las cifras de austeridad no miden: sesiones públicas que han exhibido una curva de aprendizaje que un tribunal constitucional no debería recorrer en público, y un limbo de meses entre el día en que la Corte decide y el día en que su criterio puede invocarse. En ese limbo se litigan derechos.