En enero de 2026, Estados Unidos ejecutó un operativo militar sorpresivo en Venezuela que culminó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y terrorismo. El gobierno de Donald Trump presentó la acción como una misión orientada a liberar al pueblo venezolano de un régimen señalado por prácticas sistemáticas de corrupción, represión y vínculos con el crimen organizado transnacional.

Horas después de la operación, Trump anunció que Estados Unidos asumiría de manera provisional funciones de administración y seguridad para garantizar una “transición segura”, afirmando que el objetivo último sería restaurar la democracia y devolver el poder a los venezolanos mediante mecanismos electorales libres. Desde esta perspectiva, la intervención fue presentada no como un acto de conquista, sino como una medida excepcional frente a la erosión prolongada del Estado de derecho y de las libertades fundamentales.

Diversos gobiernos de la región reaccionaron destacando la necesidad de una transición política que permitiera al pueblo venezolano recuperar el ejercicio efectivo de sus derechos civiles y políticos. Al mismo tiempo, sectores de la oposición venezolana celebraron la caída del régimen, señalando que se abría una oportunidad histórica para poner fin a un sistema autoritario que había cancelado, en los hechos, la voluntad popular expresada en procesos electorales previos.

Desde una óptica normativa, la intervención fue justificada por Washington con base en la premisa de que la legitimidad de un gobierno no puede sostenerse cuando éste se aparta de manera sistemática de elecciones libres, del respeto a los derechos humanos y del principio de representación democrática. Instrumentos regionales como la Carta Democrática Interamericana reconocen que la democracia constituye un derecho de los pueblos y una obligación de los Estados, lo que ha servido de fundamento político y moral para cuestionar la permanencia de regímenes autoritarios en la región.

La Doctrina Monroe y los intereses geopolíticos

No obstante, el operativo no puede analizarse al margen de su dimensión geopolítica. La referencia a la Doctrina Monroe resulta ineludible. Desde el siglo XIX, este principio ha sido invocado por Estados Unidos para afirmar su influencia predominante en el hemisferio occidental y para limitar la injerencia de potencias extrahemisféricas. En el contexto actual, la Administración Trump reiteró esta lógica al presentar a Venezuela como un espacio estratégico frente a la creciente presencia de China y Rusia en América Latina.

Documentos oficiales y declaraciones públicas evidencian que el objetivo de “restaurar la preeminencia estadounidense en el hemisferio” forma parte del marco conceptual que acompañó la intervención. La operación en Venezuela envió así un mensaje claro: la defensa de la democracia y de las libertades fundamentales se articula, en la práctica, con intereses estratégicos de seguridad regional y control geopolítico.

Motivos económicos: el petróleo como factor clave

A lo anterior se suma un componente económico decisivo. Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, un dato imposible de soslayar. El propio Trump reconoció abiertamente la relevancia energética del país, señalando que se trata de un recurso estratégico cuya estabilidad resulta crucial tanto para Estados Unidos como para el mercado global.

Tras la captura de Maduro, el gobierno estadounidense anunció planes para reactivar la industria petrolera venezolana con participación de empresas norteamericanas, argumentando que los ingresos derivados del crudo permitirían financiar la reconstrucción institucional y económica del país. Estas declaraciones refuerzan la idea de que la intervención respondió a una convergencia entre la agenda de derechos y democracia y la necesidad de asegurar el control de un recurso estratégico en un entorno internacional cada vez más competitivo.

Narcotráfico y crimen organizado

Otro de los pilares centrales de la intervención fueron las acusaciones de narcotráfico contra la cúpula chavista. Desde 2020, autoridades estadounidenses habían imputado a Maduro y a altos funcionarios por presuntos vínculos con organizaciones criminales responsables del tráfico masivo de cocaína hacia Estados Unidos y otros mercados. Las investigaciones describen a Venezuela como un Estado que, bajo el régimen de Maduro, habría facilitado rutas, protección institucional e impunidad a redes de crimen organizado transnacional.

Estas acusaciones, respaldadas por procesos judiciales y condenas previas a personas del entorno presidencial, permitieron construir la narrativa de un “narco-Estado”, en el que las estructuras del poder público habrían sido instrumentalizadas para actividades criminales. Bajo esta lógica, la captura de Maduro fue presentada como una acción necesaria para desarticular una amenaza directa a la seguridad regional.

Implicaciones para México

El caso venezolano adquiere una relevancia particular para México, dada su cercanía geográfica, económica y política con Estados Unidos, así como por el impacto directo que el narcotráfico y la violencia asociada tienen en su seguridad interna. La presidenta Claudia Sheinbaum manifestó su rechazo a la intervención militar, subrayando el principio de no intervención y la vigencia de la Carta de las Naciones Unidas, al tiempo que reconoció la complejidad de la cooperación bilateral en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Más allá de la posición diplomática, el precedente es significativo. La utilización del combate al narcotráfico y al crimen organizado como fundamento para acciones extraterritoriales plantea interrogantes para países como México, donde la violencia vinculada a las drogas constituye un problema estructural. El desafío consiste en evitar que este tipo de intervenciones se conviertan en un modelo replicable, sin por ello desconocer la necesidad de enfrentar redes criminales que operan más allá de las fronteras nacionales.

Conclusión

La intervención en Venezuela pone de relieve una tensión central del orden internacional contemporáneo: la necesidad de restaurar las libertades fundamentales de los pueblos frente a regímenes autoritarios, y los límites jurídicos y políticos del uso de la fuerza para lograrlo. En el caso venezolano, la acción estadounidense fue presentada como un medio excepcional para permitir que los ciudadanos recuperen su derecho a decidir en libertad. El reto, hacia adelante, será que esa promesa se traduzca en una transición genuina, democrática y soberana, sin que la defensa de la libertad derive en una normalización de intervenciones unilaterales bajo criterios discrecionales.

Fuentes

_{El País (España), “Estados Unidos ataca Venezuela y captura a Maduro”
Reuters, Cobertura sobre reacciones internacionales (UE, Francia, Alemania, China, Rusia)
AP News, “What is the Monroe Doctrine and why Trump invoked it in Maduro’s arrest”
ABC News, “How cocaine and corruption led to the indictment of Maduro”
The Guardian, Análisis sobre legalidad internacional y precedentes de intervención
The Atlantic, Análisis político y democrático del caso venezolano
The Economist, Perspectiva económica, petróleo y geopolítica
Chicago Council on Global Affairs, “What Trump’s attack on Venezuela means for the region and the world”
Organización de los Estados Americanos (OEA), Carta Democrática Interamericana
Naciones Unidas, Carta de las Naciones Unidas
Presidencia de México / Claudia Sheinbaum, Postura sobre no intervención y derecho internacional, recogida por Reuters y AP New}