La nueva Suprema Corte cumplió su primer año y el país se repartió en dos balances políticos: claudicación de un lado, eficiencia histórica del otro. Esta revista propone un ejercicio distinto — leer lo que el Pleno efectivamente resolvió y mirar cómo lo resolvió. Cuatro decisiones de cuatro materias dibujan una doctrina más coherente de lo que ambas trincheras admiten. Pero el mismo año deja a la vista dos problemas que las cifras de austeridad no miden: sesiones públicas que han exhibido una curva de aprendizaje que un tribunal constitucional no debería recorrer en público, y un limbo de meses entre el día en que la Corte decide y el día en que su criterio puede invocarse. En ese limbo se litigan derechos.