Hace un año entró en vigor la reforma a la Ley de Amparo. Se dijo que era el fin de la suspensión, que el interés legítimo moría, que el amparo dejaba de proteger. Doce meses después, el balance que importa no es el legislativo sino el judicial — y los expedientes cuentan una historia menos nítida que la polémica: una Corte que negó la suspensión contra un bloqueo de cuentas aplicando el nuevo artículo 129 y, en la misma temporada, reconoció interés para suspender la penalización del aborto; tribunales que leen el catálogo de restricciones como ponderación y no como veto; y tres respuestas distintas a la misma pregunta sobre los asuntos en trámite. El amparo se angostó. No se cerró. Y la diferencia la está poniendo quien litiga.